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La violación como una práctica más de destrucción en la dictadura

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La violencia sexual formó parte del plan criminal instaurado en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, constituyéndose en un instrumento más de ataque, al igual que los golpes, el uso de la picana eléctrica. Todos perseguían un mismo objetivo: causar dolor, doblegar la resistencia de las víctimas con el objetivo de conseguir información, producir efectos de control y disciplinamiento no sólo para las víctimas sino para el resto de la sociedad.

Por Pablo Montanaro

“Los casos de delitos sexuales a los que eran sometidos hombres y mujeres entre 1976 y 1982, por sobre el resto de las torturas, reflejan una imagen diferente de los torturadores y revela daños específicos en las víctimas”, afirmaron Susana Chiarotti y Mabel Vasallo, autoras del libro “Grietas en el silencio”, una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado publicado en 2011.  La violencia sexual durante la dictadura fue silenciada por la Justicia que no investigó ni sancionó esa forma específica de violencia en los años más oscuros de la Argentina.

Chiarotti y Vasallo recopilaron relatos de una veintena de mujeres y hombres que fueron víctimas o testigos directos de delitos contra la integridad sexual cometidos en el marco de la represión ilegal.

Recién en 2010, las violaciones y el abuso sexual cometidos por los represores fueron tratados como delitos de lesa humanidad. Antes eran considerados hechos eventuales. No formaban parte del plan sistemático.

El primer fallo que estableció a la violación como un delito de lesa humanidad e imprescriptible como la tortura se dictó ese año por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, y condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia. A la hora de dictar sentencia, los jueces consideraron que la violencia sexual que ejerció Barcos también constituyó una forma más de tormentos y por lo tanto un crimen de lesa humanidad.

Además, ofrece información acerca de las cuestiones penales de estos casos dentro de los delitos de lesa humanidad en el contexto nacional e internacional, con el objetivo “de convencer a los jueces y a los fiscales quienes están obligados a investigarlo separado de la tortura”, señaló Vasallo.

Vasallo sostuvo que no sólo los vejámenes cometidos contra los detenidos mujeres y varones se ejercieron para castigar, causar dolor y doblegar la resistencia de las víctimas con el objetivo de conseguir información sino también pretendía producir diversos efectos de control y disciplinamiento. “El hecho de aplicarle la picana a un varón en los genitales y decirle ‘Nunca vas a ser padre’ tenía una connotación sexual y reproductiva”, señaló. Resaltó que había “mayor ensañamiento” contra las mujeres, “probablemente porque veían en la militancia la transgresión de los roles de madre y esposa”.

Para Chiarotti la violación “fue una de las prácticas dirigidas para destruir a las personas secuestradas, porque eso estaba incluido en la orden de aniquilamiento que llevaron adelante los militares durante esos años”.

María Sonderéguer, quien coordinó la investigación “Análisis de la relación entre violencia sexual, tortura y violación a los derechos humanos” y quien se desempeñó como Directora Nacional de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que la invisibilización de la violencia sexual en los primeros años de la democracia, en los testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) o brindados en el Juicio a las Juntas Militares, “se relaciona tanto con su caracterización como violación sexual como con el reconocimiento de si hubo hechos de violación”.

Para Sondereguer, la violencia hacia las mujeres tuvo una función disciplinadora. “En las violencias sexuales se expresa un acto de poder. Las mujeres víctimas del terrorismo estatal experimentaron un doble castigo ya que fueron consideradas ‘transgresoras’ del orden cultural y social establecido.

Chiarotti y Vasallo consideraron que los Departamentos de Inteligencia Policiales (denominados D2) que funcionaron como centros clandestinos de detención en Mendoza, Tucumán y Córdoba, “parecen haber sido los lugares de violaciones sistemáticas masivas. Los testimonios de las víctimas que estuvieron en estos D2 son atroces”, afirmaron las investigadoras.

Chiarotti destacó que los testimonios tienen una función  terapéutica, “pero más terapéutico va a ser para las víctimas que los represores sean condenados y que haya justicia”.

Para Sondereguer analizar el abuso y la violencia sexual en los centros clandestinos de detención nos permite “identificar un núcleo duro de las relaciones de poder en el cual el cuerpo de las mujeres es territorio de quien tiene ese poder”.

Marcha del 24 de marzo de 2018 - Imagen Juan José Thomes

Los casos en “La Escuelita” de Neuquén

“La violación sexual se emplea como arma de destrucción del otro. Las violaciones y los abusos sexuales durante la dictadura no fueron actos aislados ni individuales”, afirmó Juan Cruz Goñi, abogado querellante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, durante una de las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizó en esta ciudad en 2016.

Lo hizo para argumentar que el abuso sexual sea reconocido como un delito de lesa humanidad en relación al caso de Gabriel Augusto Carmona, quien en 1977 fuera secuestrado ilegalmente, torturado y abusado sexualmente mientras permaneció en el centro clandestino de detención La Escuelita, ubicado en el predio del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 perteneciente al Ejército Argentino.

Carmona era un militante de la Juventud Peronista y desde 1973 trabajaba en la Municipalidad de Cipolletti como inspector de tránsito. A partir del golpe militar comenzó a ser perseguido dentro de la comuna por su militancia y obligado a renunciar a comienzos de agosto de 1977 por el secretario de Gobierno, Jorge Gorlero Pizarro, a punta de pistola. El 10 de agosto de ese año fue detenido en su casa por tres personas de civil delante de su esposa y sus dos hijos. Le taparon los ojos con un trapo, lo subieron a la parte trasera de un auto y se dirigieron hasta La Escuelita, donde fue golpeado, luego desnudado y violado por dos personas vestidas de civil. Permaneció allí cuatro días, luego fue introducido a un vehículo y trasladado a un camino de chacras pasando la ciudad de Cipolletti en dirección a General Roca, donde fue liberado.

Durante varios años, Carmona, quien falleció en 2014, no se presentó a declarar como víctima de la dictadura. Recién en junio de 2007 rompió el silencio, venciendo la humillación y vergüenza y se presentó en el Juzgado Federal de General Roca donde contó lo ocurrido.

Carmona confesó que “el denigrante proceder de estos degenerados me causó un tremendo trauma psicológico, difícil de sobrellevar, con un permanente temor a la sociedad uniformada y civil, por la tremenda ofensa que me infringieran estos criminales. Dejaron en mi persona profundas secuelas que aún hoy me cuesta superar”.

“Por eso es necesario ahora romper con el silencio jurídico y social”, subrayó Cruz Goñi sobre el planteo presentado. “La violencia sexual fue una más de las técnicas represivas del dispositivo aplicado por la dictadura. Fue ejecutada de manera masiva, generalizada, continua y sistemática con el fin de causar dolor, quebrar toda resistencia de las víctimas con brutalidad, clandestinidad e impunidad”. Hasta la fecha, los abusos sexuales han sido, según Goñi “equívocamente”, incluidos en el delito de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser la víctima perseguido político.

“Subsumir los abusos sexuales sufridos por Carmona en el delito de tormentos no refleja todo el contenido de lo injusto de los abusos sexuales, los que se encuentran contemplados en el Código Penal. Además, constituyen en sí mismos crímenes contra la humanidad en tanto integran el ataque generalizado y sistemático llevado a cabo por las fuerzas represivas, cuyas filas integraron los imputados”, dijo.

Carmona no pudo identificar a sus abusadores. El hecho fue cometido en la más absoluta clandestinidad. Por eso Goñi sostuvo que “ello no debe implicar la impunidad de los autores mediatos”.

En octubre de 2006, Gabriel Carmona le dirigió una nota al por entonces intendente de Cipolletti, Alberto Weretilneck, en la que solicitaba una reparación histórica por los crímenes sufridos durante la última dictadura militar. En relación con los tormentos sufridos durante su cautiverio, Carmona expresó duros términos en esa misiva: “Recibí la gran paliza de mi vida y la peor humillación que se le hace al hombre: violentar su dignidad varonil”.

 El crudo testimonio

“A la noche ingresaron en la habitación dos hombres vestidos de civil a quienes no había visto antes. Uno de ellos tenía rasgos mapuches, era moreno y corpulento, el otro era un hombre delgado a quien no pudo ver con claridad. El morocho de inmediato le propinó una trompada en el estómago y le ordenó que se sacara la ropa. Que el declarante pensó que volverían a aplicarle picana, pero no fue así. Que lo tiraron boca abajo, al suelo y el morocho lo violó mientras el otro le pisaba la cabeza para impedir que se moviera. Que luego el otro sujeto también lo violó mientras el morocho le sostenía la cabeza. Que le produjeron un desgarro anal. Que después de que lo violaron le introdujeron por el ano algún otro elemento, un palo o hierro. Como gritaba, los dos hombres se burlaban, se reían y le decían que estaba mejor que una mujer y otras barbaridades por el estilo. Al otro día escuchó voces y requirió a los gritos que le dieran agua y alguien le alcanzó un vaso”. (Fragmento del testimonio de Gabriel Carmona leído por el abogado querellante de la APDH, Juan Cruz Goñi).

El caso de Dora Seguel

En mayo de 2012, durante el segundo juicio, la víctima y sobreviviente de la última dictadura militar, Dora Seguel, pidió al Tribunal Oral Federal de Neuquén que considere a la violación delito de lesa humanidad. Dora Seguel tenía 16 años cuando fue detenida por miembros del Ejército y de la policía provincial el 14 de junio de 1976 en el CPEM 6 de Cutral Co. En el mismo operativo también fue detenida su hermana Argentina y ocurrió lo mismo, dos días antes, con la mayor de todas: Arlene, quien permanece desaparecida.

Tanto ella como su hermana fueron violadas durante su detención clandestina. Dora aseguró que fue ultrajada por uno de los oficiales que estaba en la comisaría de Cutral Co durante los interrogatorios ilegales. “Estaba el comisario Héctor Mendoza, un militar y otra persona vestida de civil, quien me violó. Es terrible, no te lo podés sacar de la cabeza y no lograron lo que querían porque todo el tiempo me susurraban al oído ‘No vas a servir para nada’, que no iba a poder mirar a nadie a la cara, que no iba a poder integrarme a la sociedad, que iba a ser una lacra”, contó.

“Desde 2011, en el juicio que se realizaba en Bahía Blanca, vengo denunciando y pidiendo que se juzgue como delito de lesa humanidad a las violaciones. Es muy difícil para las víctimas poder hablar de estos delitos. Antes figuraban como ‘tormentos’”, explicó Seguel en una oportunidad.

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